Demandan al consejero que les llamó “racistas”
Siete asociaciones de vecinos vallecanas han presentado una demanda de protección del honor contra el vicepresidente regional y consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Eduardo Cortés, que en febrero les tachó de “racistas, xenófobos y salvadores de la patria”. Las acusaciones de Cortés se produjeron cuando estas entidades se quejaron del “elevado” número de realojamientos de chabolistas gitanos que el Gobierno regional, del PP, realizaba en la zona.El 14 de mayo, Cortés fue citado a un acto judicial de conciliación con los vecinos, pero no asistió. “No he ido porque no tengo nada que conciliar, para mí éste es un asunto pasado, yo sigo trabajando por Vallecas y eso es lo que importa. En ningún momento di nombres de asociaciones, por lo que no creo que deba rectificar nada”, manifestó el consejero para justificar su ausencia.
El argumento no convenció a los vecinos, que, ante la actitud de Cortés, decidieron seguir adelante con las acciones judiciales que tenían previstas si él no rectificaba sus palabras. El viernes interpusieron la demanda.
“A las asociaciones de vecinos nos resulta indispensable estar en posesión de lo que conocemos como buena reputación, valor que, al resultar atacado, conlleva un desprestigio que hace muy difícil el cumplimiento de los fines sociales perseguidos”, explican en su demanda las asociaciones de Madrid Sur, La Colmena de Santa Eugenia, Albufera Norte, la UVA de Vallecas, Los Pinos de San Agustín, el Pozo del Tío Raimundo y Palomeras Sureste. “Las expresiones del consejero constituyen un ataque frontal y, por otra parte, gratuito, al buen nombre de las asociaciones”, añaden las entidades.
Los vecinos argumentan que en los dos distritos de Vallecas han sido realojadas 153 familias chabolistas de las 825 a las que se ha concedido un piso digno en los últimos cuatro años. La Comunidad replica que eso es así por tratarse de barrios con numerosa vivienda social.
El ‘gallo vallecano’
Las declaraciones de Cortés se produjeron cuando las asociaciones vecinales sacaron a la calle una mascota, el gallo vallecano, cuya misión era perseguir al presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, para poner en evidencia sus incumplimientos con el distrito. Los vecinos reclamaban un plan especial de actuaciones para la zona como el iniciado en Villaverde. Lo esperaban para el inicio de 1999 y el mandatario autonómico lo postergó hasta después de las elecciones.En medio de la trifulca, Ruiz-Gallardón asumió un compromiso de gran impacto social: el desmantelamiento en un año del poblado de realojamiento de chabolistas de La Rosilla, un hipermercado de la droga cuyo derribo solicitaban encarecidamente los vecinos. Un mes después accedió a demoler La Celsa, otro poblado de Puente de Vallecas que, al igual que La Rosilla, estaba en el punto de mira ciudadano.
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Un juez obliga al municipio a reparar 30 casas de Villaverde
Un auto del Juzgado Contencioso-administrativo número 18 de Madrid, con fecha de 19 de junio, ha ordenado al Ayuntamiento de Madrid a reparar de manera urgente unos pisos que la Tesorería General de la Seguridad Social tiene en el distrito de Villaverde y que amenazan ruina. En las viviendas residen 30 familias, formadas sobre todo por personas mayores y con pocos recursos, desde hace algo más de 40 años. El auto ordena al Consistorio que, en ejecución sustitutoria, arregle los numerosos desperfectos que sufren estas viviendas.
Los dos edificios afectados, cada uno con dos portales, están en el número 1 de la calle de San Dalmacio, pegados a la carretera de Andalucía. Estos inmuebles, de cuatro alturas, fueron construidos en 1957 por el Montepío de Productores Civiles del Ejército, una cooperativa formada por trabajadores civiles del Ejército. En los años sesenta, el Montepío desapareció y los pisos pasaron a formar parte del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas, al que los inquilinos pagaban el alquiler.
A mediados de los noventa los pisos cambiaron de nuevo de propietario y se hizo cargo de ellos la Tesorería General de la Seguridad Social. Según los vecinos, fue entonces cuando empezaron los problemas. Las casas cada vez estaban más deterioradas por las grietas y la humedad, y la Seguridad Social no respondía a los requerimientos de los residentes para que las arreglara. Además, los residentes no pagan el alquiler desde 1997, porque, según su abogado, José Antonio Jiménez, la Seguridad Social no pone a su disposición los correspondientes recibos. Ahora, cada familia debe a la Seguridad Social, por impagos del alquiler, unos 6.500 euros.
En un informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo de octubre de 1999, los técnicos determinaron que en los bloques había humedades y grietas y que había peligro de que los materiales de los que está hecho el tejado se cayesen a la calzada. Gerencia requirió a la Seguridad Social que acometiese las obras en un plazo de 20 días.
El abogado de las familias, José Antonio Jiménez, asegura que la Seguridad Social ha hecho una oferta a sus clientes por las que les vende los dos inmuebles por 1,8 millones de euros. “Los vecinos quieren que las casas pasen a ser de su propiedad, pero esa cantidad es excesiva, es gente con muy pocos recursos’, concluyó Jiménez.
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El supremo falla que el campo de golf de Camberí no es legal
El campo de golf que Esperanza Aguirre estrenó hace cinco años en el Tercer Depósito del Canal de Isabel II, en pleno corazón del barrio de Chamberí, no es legal. No cumple con los requisitos administrativos exigidos para justificar su condición de interés general, la fórmula que la Comunidad ideó para salvar el proyecto cuando el Ayuntamiento, con Alberto Ruiz-Gallardón de alcalde, le denegó la licencia al no cumplir ciertos requerimientos urbanísticos. Así lo entiende el Tribunal Supremo, que ha desestimado el recurso de casación que la Comunidad interpuso a la sentencia de enero de 2010 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que falló con los mismos argumentos.
“Se desprende con meridiana claridad que el excepcional interés público (…) no está motivado en el caso de autos, pues responde al intento de sustraerse a la aplicación de las reglas de autorización y disciplina urbanística que, en materia urbanística, corresponde a los ayuntamientos (…) y no a la existencia de razones excepcionales de interés público que tendrían que haberse puesto convenientemente de manifiesto”, reza a fecha 12 de diciembre de 2012 el texto de la sala quinta de la sección tercera del Supremo, que no admite más recursos y da la razón, como hizo el TSJM, a la Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí, primera en cuestionar que el campo fuera bien de interés general.
“La Comunidad declaró el proyecto bien de interés general para superar el filtro de las licencias, porque no cumplían con los requisitos del Ayuntamiento… Y ni por esas. ¿Y ahora qué? ¿Van a derribarlo y rehacer el parque que había? No les queda más salida”, plantea el abogado José Antonio Jiménez, vecino “de toda la vida” del barrio. “Se refiere más a la forma que al fondo, no significa que haya que derruir las instalaciones”, descartan en el Gobierno regional y en el Canal, donde destacan que en este tiempo el recinto ha tenido 7,5 millones de usuarios (12.000 al mes). Las obras costaron 50 millones de euros.
Las redes, germen de la polémica
La polémica ha perseguido desde sus orígenes al complejo deportivo —dedicado en su mayor parte al golf, también cuenta con pistas de pádel y canchas de fútbol—, que ocupa la mitad de las 12 hectáreas de la superficie del depósito del Canal. La obra fue criticada por vecinos que esperaban que, donde estaba el parque Santander, se construyera un remozado parque público. “El espacio actual dobla la superficie que había”, defiende el Canal. El Ejecutivo autonómico, que obtuvo la primera licencia de obras el 18 de marzo de 2003, optó por incluir un campo de prácticas de golf con 100 puestos de tiro, nueve hoyos y césped artificial. A los lados, unas torres metálicas de 30 metros de altura se suceden sujetando unas redes que evitan que las pelotas de golf salgan de la infraestructura.
Cinco meses antes de la inauguración, el 16 de octubre de 2006, la dirección General de Gestión Urbanística ordenó “la suspensión inmediata” de las obras, dando un plazo de dos meses para que la Comunidad solicitara una “nueva licencia que ampare unas obras ilegales”. Dos meses más tarde el Ayuntamiento emitió un informe “desfavorable” de la solicitud de modificación de licencia. Aunque no mostraba inconveniente en suprimir un helipuerto que había entonces, en modificar el trazado de la zona verde e incrementar el número de pistas en superficie, exigía la tramitación del plan especial y un informe de evaluación ambiental para conceder la licencia de construcción de tres pabellones y sustentar las redes, cuestionando “las afecciones paisajísticas y la valla perimetral”. El Colegio de Arquitectos fue más allá y consideró “inadmisible” el campo de golf “en una zona necesitada de espacios verdes y al amparo de una licencia de obra distinta en naturaleza y uso a la originariamente prevista: un parque público”.
El Consejo de Gobierno salió al paso el 18 de enero de 2007 declarando de interés general el proyecto de obras de restauración y consolidación del depósito, así como las zonas verdes e instalaciones deportivas en su superficie. La Comunidad pensó que así resolvía el problema, que arrastra desde entonces. Voces autorizadas del Gobierno madrileño plantean dos soluciones al entuerto legal. El plan A pasa por justificar la motivación específica de las redes y las plataformas de tiro. El plan B consiste en que el Ayuntamiento haga una modificación puntual del plan general, para lo que depende del visto bueno del Palacio de Cibeles. “Lo que está claro es que eso no se puede tirar, porque la sentencia solo afecta a unas partes muy concretas. Hacerlo sería una locura”, zanjan desde la Comunidad.
“¿Y AHORA DÓNDE VOY A PRACTICAR MI ‘DRIVE’?”
Daniel, un proyecto de Tiger Woods de 10 años, está al borde del llanto. Su padre, Jaime, le consuela. Le dice que “todo irá bien”. Sopla el viento, el tiempo no acompaña, pero aun así se han acercado al campo de golf del depósito del Canal en Chamberí, a tiro de putt de su casa en el Paseo de San Francisco de Sales. “A nosotros nos viene muy bien, me encanta este deporte y se lo he transmitido a mi hijo… Nos permite practicar sin tener que desplazarnos a las afueras”, reflexiona el mayor de la pareja. La escuela de adultos de Greencanal tiene precios desde los 12,80 euros la hora, ligeramente más baratos que los fijados para la escuela infantil (13,04 euros). También hay créditos de 30 horas a 1,37 euros. “¿Y ahora dónde voy a practicar el drive?”, interviene Arturo, de la quinta de Jaime. “Lo que tiene que haber es árboles, nada de inventos como esto del golf”, critica don Saúl, 75 años a la espalda.
Mientras don Saúl despotrica, decenas de fondistas y de jubilados dan vueltas por el tartán del depósito. “¿Qué pasa? ¿Qué no voy a poder darme un homenaje en la cafetería?”, añade doña Soraya, una jubilada que recomienda la hamburguesa y champán del complejo “por 35 euros”.
La Seguridad Social, obliga a reparar 40 casas en ruina de Villaverde
Una sentencia dictada por un juzgado de Madrid obliga a la Tesorería General de la Seguridad Social a hacerse cargo de la reparación de dos bloques de viviendas de un barrio de Villaverde en los que habitan 40 familias desde los años sesenta. Los dos inmuebles construidos en 1957 por una cooperativa de trabajadores civiles del Ejército, pasaron en 1997 a manos de la Seguridad Social, y, según los vecinos fue entonces cuando empezaron los problemas; la grietas y las humedades hicieron acto de presencia y el organismo público se desentendió del cuidado de las viviendas.
La sentencia precisa que, en el caso de que la Seguridad Social se niegue a reparar los pisos, será el Ayuntamiento de Madrid el que deba asumir ese gasto y después pasarle la factura al organismo público. Los vecinos, en su mayoría personas mayores que llevan cuatro años sin pagar el alquiler de sus casas, se muestran satisfechos con el fallo judicial.
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